La FIFA amenaza con parar al fútbol español

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Avanza el año electoral más convulso de las últimas décadas y en el entorno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se proyectan escenarios favorables, neutros o fatigosos. Pero nunca sin fútbol. Nunca con la selección de España apartada de todas las competiciones. Nunca con el Real Madrid, o el Barcelona, vetados en la Champions, sin poder fichar, o sin arbitrajes para celebrar partidos oficiales. Nunca sin el entretenimiento nacional por excelencia. Porque para la mayoría de los políticos españoles, y en especial para los futboleros sensibles como Rajoy, un país sin la rutina del fútbol es un país impredecible. Y eso es exactamente lo que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) amenaza con hacer cuando estudia suspender a España si el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), persiste en su iniciativa de legislar sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la Liga sin consultar con la federación, así como en aplicar la ley de Emprendedores en el ámbito del fútbol aficionado.

Blatter investiga la aplicación de la Ley de Emprendedores en categoría de aficionados
Ángel María Villar, presidente de la federación y vicepresidente de la FIFA, apeló al artículo 78 del Estatuto de la FIFA, el artículo 48 del Estatuto de la UEFA, y el 198 del Reglamento de la RFEF en su condición de organizadora de todas las competiciones oficiales, en la junta directiva que encabezó el 28 de enero. Estas normas establecen que la titularidad de los derechos sobre las competiciones de cada país corresponde a las federaciones nacionales “sin ninguna restricción”. Villar, junto con los presidentes de clubes presentes en el acto, acordaron denunciar a la FIFA la actividad del CSD. Pero llegaron tarde. El 5 de febrero, antes de remitir la denuncia, la federación recibió otra carta en la que la FIFA se hacía eco de noticias publicadas en “medios de comunicación” para alertar sobre posibles “injerencias gubernamentales” en facultades privativas de la federación. Villar replicó por escrito que, en efecto, a su entender se estaban produciendo “hechos contrarios a la federación” y señaló como primer responsable al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. La FIFA prosiguió con la escalada de tensión burocrática emitiendo una orden el 19 de febrero. La firmó el secretario general Jèrôme Valcke pidiendo a Villar que informe de “todas las actuaciones del Gobierno por si fueran merecedoras de sanciones que acarreen suspensión”.

El CSD deja en el aire la subvención de la federación de fútbol
Tanto Villar como Valcke entienden que el Gobierno ha traspasado sus límites. Primero, legislando sin su consentimiento sobre el reparto de derechos audiovisuales de las competiciones locales, aceptando modificaciones estatutarias de la Liga con el informe en contra de la federación, y evitando la prohibición de los fondos de inversión, cuando la FIFA ha mandado abolir estos instrumentos para acceder a la propiedad de futbolistas. Segundo, la FIFA determina que el Gobierno interfiere en el marco de la empresa privada al aplicar la Ley de Emprendedores en el fútbol base. Esta Ley obliga a que se den de alta en la Seguridad Social los monitores, técnicos, jardineros y auxiliares voluntarios, que colaboran en todo el fútbol aficionado a cambio de pequeñas compensaciones de gastos (habitualmente entre 30 y 90 euros, según la federación). También condiciona a los directivos más humildes, los que no perciben nada por su trabajo, haciéndolos corresponsables entre sí de cualquier sanción que pudiera recaer sobre sus clubes por incumplimiento de la Ley de Emprendedores. Los clubes denuncian que las inspecciones de la Seguridad Social se multiplican.

“El Estado fiscaliza al fútbol más necesitado”, dice Villar sobre las “ingerencias” de Cardenal
Presidida por Joseph Blatter, viejo aliado de Villar, la FIFA ya ha sancionado con la suspensión a países como Grecia, Portugal, Perú, Nigeria, Camerún, Bosnia-Herzegovina y El Salvador. Ninguno de los gobiernos afectados encontró medios jurídicos para evitarlo. Castigar a España supondría un paso insólito por las dimensiones de la industria del fútbol en cuestión. “Esa es una pregunta que debe responder la FIFA”, dice Miguel Cardenal, cuando se le interroga por las posibilidades reales de que España sufra una exclusión temporal de los torneos internacionales. En el CSD ha transcurrido otra semana sin que desde Moncloa les anuncien que tratarán el asunto de los derechos del fútbol en el siguiente Consejo de Ministros. La ley anunciada por Cardenal para enero apunta repentinamente al limbo.

El enfrentamiento personal que han mantenido Villar, Cardenal, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, dificulta la colaboración entre instituciones cuyo diálogo es imprescindible para normalizar la explotación de los cameonatos de Copa y Liga. En el entorno de Tebas afirman que lo único que quiere Villar es aumentar su cuota de ingresos porque la federación atraviesa dificultades financieras. En la federación replican que es la Liga la que sufre problemas económicos. Un directivo de la federación asegura que la LFP les envió un escrito el mes pasado comunicando la imposibilidad de pagarle los derechos de la Copa y de los partidos ligueros de los viernes. “Es la Liga Profesional la que no nos paga”, dice.

Cardenal advierte de que la solución al enredo depende del acercamiento entre la Liga y la federación, insinuando que ahora él prefiere mantenerse al margen. Pero Cardenal hizo de su gestión una cruzada por impulsar un acuerdo sobre el reparto unificado de los derechos televisivos que se plasmara en una ley. En su empeño ignoró a Villar y negoció con Tebas, enemigo querellante de Villar.

El año pasado Cardenal y Tebas anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para la venta unificada de los derechos audiovisuales, y que cursarían el contenido al Gobierno para su formalización legal. La única noticia que tuvo Villar se la comunicó Cardenal el día que coincidieron en un avión, de regreso de Suiza. El secretario de Estado le dijo que le daría el 2% de una tarta que se presume ascenderá a mil millones de euros. Villar, que aspira a más del 4% que actualmente recibe la federación, se sintió ultrajado. Cardenal llegó a anunciar en el Congreso que suspendería las subvenciones públicas que históricamente recibió el fútbol de las quinielas (hasta tres millones de euros). A Villar se muestra alarmado. "El Estado se ha convertido en fiscalizador de la gestión del fútbol más necesitado", dice, "y hemos justificado cada céntimo de euro. Hemos realizado todas las obras [subvencionadas] hace ya entre dos y cinco años”.

La última asamblea de la federación abordaba lo que parecía el nudo infinito del conflicto cuando un directivo tocó la tecla mágica. “Yo sé lo que piensa el presidente Rajoy”, dijo. “Y estoy convencido de que cuando pasen unos días tendrá mucho de qué hablar con el presidente Villar”.

Unidos contra el Gobierno
El presidente de la federación, Ángel María Villar, propuso hace una semana la celebración de una comisión mixta para acordar la venta unificada de los derechos audiovisuales del fútbol y discutir el reparto. La primera reunión se celebró ayer en Las Rozas con la presencia de Javier Tebas, el presidente de la Liga, al frente del grupo de la LFP, y de Enrique Cerezo, presidente del Atlético, al frente del grupo de la federación. La comisión escenificó las bases de un acuerdo que hasta hace poco parecía improbable entre las dos organizaciones que regulan el fútbol español. Luego envió un mensaje al Gobierno de Mariano Rajoy solicitando que se tenga en cuenta lo acordado a la hora de redactar la ley que regule los derechos de las retransmisiones televisivas.

La comisión emitió un comunicado por el que reconoce “la necesidad de poner en marcha un modelo de venta centralizada, de reparto equitativo y de solidaridad con el fútbol aficionado” de los derechos de las Ligas de Primera y Segunda División. En la misma exposición solicita al Gobierno que articule un real decreto “urgente”. Esta ley, según el texto, deberá regular “los mecanismos que garanticen el papel que deben representar la RFEF, la LFP, los clubes/SADs y la Asosiación de Futbolistas de España, para el mejor funcionamiento de dicho modelo”. La inclusión de todos los sectores del fútbol es el reclamo de Villar y de la FIFA, celosos de lo que consideraban la actuación unilateral del CSD.

El acuerdo podría resolver un conflicto que se cuece desde 2006. El real decreto clausuraría el sistema de negociación individual de cada club con los operadores, vigente desde 1996 y único entre las grandes competiciones europeas. Con la salvedad de Barça y Madrid, que se embolsan más del 40% del dinero (unos 280 millones por temporada entre ambos), esta fórmula empujó a los clubes a la ruina. Son los clubes de Primera y Segunda los que reclaman a Tebas una fórmula más igualitaria.